29 dic. 2010

Informe ANP: Una agresión contra periodistas cada 48 horas

194 ATENTADOS A LA PRENSA PERUANA EN 2010

Un total de 194 atentados se cometieron contra los periodistas peruanos en el 2010 (casi uno cada 48 horas) de acuerdo con el balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

La agresión física y verbal encabezan los atentados con 87 casos. Le siguen la amenaza y hostigamiento (46), así como la presión jurídica (26). También han ocurrido 15 presiones administrativas, 11 trabas al ejercicio de la profesión periodística, cinco detenciones arbitrarias, tres daños a la propiedad y una traba a la circulación de la información.

En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (89), seguido por funcionarios civiles (63); policías/militares y/o serenos (27), además de 15 agresiones perpetradas por elementos no identificados.

Cajamarca y Maynas con más agresiones a periodistas

Cajamarca con 20 atentados, Maynas con 19 y Lima con 16 se convirtieron este año en las áreas de mayor peligro para ejercer el periodismo en el Perú. Le siguen Chiclayo y Huamanga con nueve; Coronel Portillo con ocho; y Huaura y Mariscal Nieto con siete respectivamente.

Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Alto Amazonas y el Santa donde se cometieron en cada ciudad seis atentados contra la prensa nacional, de acuerdo con el informe de la OFIP.

Cinco agresiones se han cometido en Andahuaylas, Carabaya y Huánuco. Cuatro en Ferreñafe, Huaraz, Ica, San Martín, Utcumbamba; tres en Huaylas, Lambayeque, Leoncio Prado, Pacasmayo, Padre Abad, y Sechura.

Con dos atentados contra el libre ejercicio periodístico se encuentran Arequipa, Atalaya, Azángaro, Callao, Piura, Satipo, Sullana; y con uno Caravelí, Casma, Condorcanqui, Chanchamayo, Chepén, Espinar, Huallaga, Huaral, Ilo, Jaén, Lamas, Loreto-Nauta, Moyabamba, Palpa, Pomabamba, San Román, Rioja, Tumbes y Trujillo y Urubamba.

Un total de 68 periodistas de radio resultaron agredidos este 2010, e igual número en el caso de los comunicadores de la prensa escrita. En el caso del área televisiva, se cometieron 58 atentados.

De ese total, fueron blancos de atentados 157 varones; 26 mujeres y 11 medios de comunicación.

Entre los episodios de mayor recordación del 2010, sin duda está la restitución, el 19 de agosto, de la licencia a Radio La Voz, de Bagua, tras catorce meses de espera y protesta.

En el año el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) arremetió contra Radio Televisión Oriente (Yurimaguas) y Radio La Buenísima (Sechura). En el primer caso, en el mes de enero, anuló la licencia de funcionamiento del canal de televisión que transmitía por UHF alegando que no contaba con autorización. En el segundo, apoyado en un cuerpo de 25 policías y dos funcionarios del MTC confiscó equipos de transmisión.

Ataques a Radio La Bravaza (La Libertad), en cuyas instalaciones desconocidos arrojaron dos bombas caseras y a Radio Libertad (Atalaya, Ucayali), que fue incendiada, también por elementos no identificados, son muestras de la intolerancia propia de campañas electorales como las recientemente vividas. A lo relatado se suma lo acontecido también en Atalaya donde un grupo de simpatizantes del Movimiento Político Todos Somos Ucayali destruyó los equipos de transmisión de radio Melodía.

Entre las presiones jurídicas registradas en el año es importante destacar lo sucedido en el mes de agosto en Satipo, Junín, con el periodista Fernando Santos Rojas quien fue sentenciado a un año de pena privativa de libertad suspendida en la querella por el delito contra el honor, interpuesta por César Augusto Merea Tello, alcalde de Satipo. Santos, vía radio Estudio 99, criticó a la autoridad municipal sobre presuntos hechos de corrupción que investigaba el Ministerio Público.
A ello se suma la sentencia contra el periodista José Alejandro Godoy, del blog político “Desde el Tercer Piso”, condenado a tres años de pena privativa de libertad suspendida y al pago por concepto de reparación civil de 300 mil nuevos soles (US$ 107 mil), así como, a 120 días de trabajo social –el periodista fue querellado Jorge Mufarech, ministro del gobierno de Alberto Fujimori y congresista en el gobierno de Alejandro Toledo-.

En diciembre y para cerrar el año un fallo del Tribunal Constitucional (TC) dictado en el marco de un proceso sobre hechos de corrupción (“petroaudios”) prohibió a los medios de comunicación la divulgación de conversaciones telefónicas interceptadas o ‘”chuponeadas”, sin el consentimiento de los involucrados.

La sentencia del TC hecha pública el 9 de diciembre señalaba que “los medios de comunicación social se encuentran prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, salvo que exista autorización de los interlocutores grabados o un mandato judicial motivado que permita su difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser denunciados penalmente”.

Tras la crítica unánime del gremio de la prensa el Tribunal Constitucional aclaró su posición el 14 de diciembre, precisando que se puede difundir siempre que el tema sea de “interés público”.

Perú, a pesar de no tener el número de periodistas asesinados de México y Honduras, sigue siendo considerado como uno de los territorios más riesgosos para el ejercicio periodístico, registrando el número más alto de agresiones físicas y querellas judiciales en la región durante el 2010.

Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP

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