Hoy 26 de enero se cumplen 28 años de la masacre en las pampas ayacuchanas de Uchuraccay, a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán, de El Diario de Marka; Jorge Mendívil y Willy Retto, de El Observador; Jorge Sedano, de La República; Octavio Infante, de Noticias de Ayacucho; y Amador García de la revista Oiga, fueron asesinados junto al guía Juan Argumedo y el uchuraccaíno Severino Huáscar.
En aquel entonces (1983), el Estado Peruano libraba la guerra contra Sendero Luminoso en las alturas de Ayacucho. Las Fuerzas Armadas tenían a cargo el control de varias provincias, declaradas en emergencia. En la aldea de Huaychao, cerca a Uchuraccay, las autoridades reportaron la matanza de subversivos a manos del pueblo lo que motivó a los reporteros a viajar al lugar de los hechos sin pensar que allí encontrarían la muerte.
Cuatro días después de la matanza, los cuerpos de los reporteros fueron hallados en cuatro fosas en Uchuraccay. Óscar Retto, padre de Willy, notó que faltaba la cámara fotográfica a color de su hijo, que fue recuperada tres meses cuando un campesino le reveló a los fiscales dónde estaba, rescatándose las imágenes del instante mismo en que estaban siendo violentados sin compasión.
Según las investigaciones oficiales, los comuneros de Uchuraccay mataron a los periodistas porque los confundieron con subversivos. Sin embargo, también se ha alegado cierta participación de los militares, acaso como promotores indirectos de que los comuneros ejecuten senderistas o incluso como integrantes activos de las hordas.
En 1988, el Poder Judicial confirmó la pena de prisión a los comuneros Dionisio Morales y Mariano Ccasani. Además, dispuso remitir el expediente al Juzgado de Huanta, Ayacucho, para que procese a militares y policías por presuntos delitos contra la administración de justicia y los deberes de función y profesionales. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe 62/10 subraya que “el Estado no ha informado sobre otras medidas adoptadas al respecto”.
Asimismo, reveló que 135 uchuraccaínos murieron en 1983 y 1984, víctimas de Sendero, las rondas campesinas o los agentes.
Hasta el 2008, el Poder Judicial ha ordenado la captura de otros 14 comuneros que habrían participado en la matanza y están considerados “reos ausentes”. No obstante, 10 nombres figuran entre los 135 asesinados de Uchuraccay registrados por la CVR.
En febrero del 2003, la CIDH recibió una petición del Centro Federado de Periodistas de Lima, en representación de los deudos de los reporteros, que sindica al Estado como responsable de las muertes. En marzo del año pasado, la Comisión admitió la petición y dio al Estado un plazo hasta noviembre para que presente su posición. No obstante, el gobierno consiguió una prórroga que acabaría en febrero próximo.
El dictamen de la CIDH puede llevar el caso al máximo tribunal: la Corte Interamericana.
Cuatro días después de la matanza, los cuerpos de los reporteros fueron hallados en cuatro fosas en Uchuraccay. Óscar Retto, padre de Willy, notó que faltaba la cámara fotográfica a color de su hijo, que fue recuperada tres meses cuando un campesino le reveló a los fiscales dónde estaba, rescatándose las imágenes del instante mismo en que estaban siendo violentados sin compasión.
Según las investigaciones oficiales, los comuneros de Uchuraccay mataron a los periodistas porque los confundieron con subversivos. Sin embargo, también se ha alegado cierta participación de los militares, acaso como promotores indirectos de que los comuneros ejecuten senderistas o incluso como integrantes activos de las hordas.
En 1988, el Poder Judicial confirmó la pena de prisión a los comuneros Dionisio Morales y Mariano Ccasani. Además, dispuso remitir el expediente al Juzgado de Huanta, Ayacucho, para que procese a militares y policías por presuntos delitos contra la administración de justicia y los deberes de función y profesionales. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe 62/10 subraya que “el Estado no ha informado sobre otras medidas adoptadas al respecto”.
Asimismo, reveló que 135 uchuraccaínos murieron en 1983 y 1984, víctimas de Sendero, las rondas campesinas o los agentes.
Hasta el 2008, el Poder Judicial ha ordenado la captura de otros 14 comuneros que habrían participado en la matanza y están considerados “reos ausentes”. No obstante, 10 nombres figuran entre los 135 asesinados de Uchuraccay registrados por la CVR.
En febrero del 2003, la CIDH recibió una petición del Centro Federado de Periodistas de Lima, en representación de los deudos de los reporteros, que sindica al Estado como responsable de las muertes. En marzo del año pasado, la Comisión admitió la petición y dio al Estado un plazo hasta noviembre para que presente su posición. No obstante, el gobierno consiguió una prórroga que acabaría en febrero próximo.
El dictamen de la CIDH puede llevar el caso al máximo tribunal: la Corte Interamericana.
Óscar Retto, el retrato de su hijo Willy y su nieta Alicia: tres generaciones de periodistas (La República).
Son 28 años que se viene luchando por justicia, la pregunta es ¿hasta cuándo dilatará el Estado la reparación civil y moral a las familias de las víctimas, que a pesar de haber pasado 28 años no obtienen la anhelada justicia, que permita que los mártires del Periodismo Peruano descansar en paz?
